Este viernes 1 de agosto, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, fue condenado a 12 años de prisión por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, de acuerdo con información difundida por medios locales.
El dictamen de la jueza 44 penal del Circuito de Bogotá, Sandra Heredia, quedó plasmado en un documento de 1.114 páginas donde señala la responsabilidad penal del exmandatario, en los delitos antes mencionados tras un proceso judicial de 13 años.
Igualmente, fue inhabilitado para ocupar cargos públicos y se le impuso una multa que supera los 800.000 dólares, han referido medios.
De acuerdo con la información difundida, el exmandatario cumplirá detención domiciliaria.
Defensa de Álvaro Uribe apelará la decisión
La defensa del expresidente Uribe anunció que el próximo 11 de agosto apelará la decisión de la jueza ante el Tribunal Superior de Bogotá, que tiene plazo hasta el 16 de octubre para pronunciarse en segunda instancia.
En 2012, en pleno debate sobre el origen de los grupos paramilitares, el senador Iván Cepeda insinuó posibles nexos de Uribe con esas estructuras.
Estos señalamientos habrían motivado al expresidente a denunciar a Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por presuntamente manipular a exparamilitares para construir una investigación en su contra.
En 2018, la Corte Suprema de Justicia no encontró elementos probatorios para seguir adelante con la causa penal contra el senador Cepeda y cerró el caso en su contra. No obstante, ordenó una investigación contra Uribe Vélez por supuesta manipulación de testigos contra Cepeda.
De esta forma, el caso dio un giro y el expresidente Álvaro Uribe pasó al banquillo como acusado.
El derecho no puede temblar
El pasado lunes 28 de julio, tras declarar culpable al expresidente colombiano, la jueza Sandra Heredia dijo que “el derecho no puede temblar frente al ruido y la justicia no se arrodilla frente al poder. La justicia no ve nombres, ni cargos, ni estaturas, porque su mirada está enfocada exclusivamente en la verdad jurídica y en el deber ético de resolver conforme a la ley y la confianza”.
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